Comunicado de la Comisión Legal de Sol respecto de la Proposición de reforma del art. 135 de la Constitución

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El artículo primero de la Constitución establece como presupuesto esencial del modelo de organización del Estado español la forma de Estado social y democrático de Derecho. La naturaleza social del Estado implica el reconocimiento y garantía de una serie de derechos esenciales para la satisfacción de las necesidades de la población y su participación plena en la sociedad. El respeto, protección y realización de los derechos humanos en un orden social justo, libre y equitativo es, por tanto, esencia y obligación prioritaria del Estado, que está obligado a garantizar con independencia de coyunturas económicas o políticas.
Cualquier norma del ordenamiento jurídico que, ya sea tácita o implícitamente, impida, dificulte u obstaculice el cumplimiento de los derechos fundamentales reconocidos en nuestro sistema legal, incluidos los Tratados Internacionales incorporados al mismo, supone la modificación de su artículo primero.
La Proposición de Reforma del art. 135 de la Constitución introduce en el texto constitucional dos importantes límites a la efectiva implementación de los derechos fundamentales: el límite al déficit estructural y la prioridad absoluta del pago de la deuda pública. Los derechos fundamentales requieren, como es lógico, de fondos presupuestarios para su realización, por lo que la limitación constitucional del gasto público implica vaciar parcialmente de contenido a una declaración de derechos a la que el ordenamiento jurídico confiere primacía absoluta.
El gasto público ya está constitucionalmente sujeto a los límites que establece la Unión Europea y puede ser determinado por Ley. La reforma eleva dicha norma a rango constitucional, dificultando así su supresión o revisión en el futuro. Sin embargo, el otorgamiento de prioridad absoluta al pago de la deuda pública sí es una innovación legal que reducirá la capacidad del Estado para asignar recursos a las partidas presupuestarias necesarias para la realización de nuestros derechos y a su acción social, tan necesaria en el momento que vivimos, y en el futuro.
Con esta reforma se elevan al nivel constitucional dos fundamentos de la política económica liberal alterando radicalmente la naturaleza del Estado, que pierde así carácter eminentemente social.
La Constitución establece dos procedimientos para su modificación: el primero de ellos, regulado en el art. 167, es el seguido para la tramitación de la Proposición de Modificación del art. 135 de la Constitución.
El segundo procedimiento, regulado en el art. 168, es el necesario para la reforma del Título preliminar y de nuestros Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, entre otros el derecho a la educación – art. 27 – o a la tutela judicial efectiva – art. 24.
Por lo tanto, dado que la reforma del art. 135 de la Constitución implica la modificación encubierta del presupuesto esencial del modelo de organización establecido en el artículo primero de la Constitución, así como la subordinación de la capacidad del estado para garantizar nuestros derechos fundamentales incluidos en el Capítulo II, Sección I del Título I de la Constitución al cumplimiento de un límite de deuda a determinar y a la satisfacción prioritaria de los intereses de los acreedores de las Administraciones Públicas, el procedimiento adoptado, que prescinde de la celebración de referéndum, no es sólo ilegítimo por cuanto socaba la soberanía popular, sino además inconstitucional.
La Proposición de Reforma de la Constitución vulneraría a su vez diferentes Tratados Internacionales ratificados por el Estado español en los que se reconocen derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Concretamente los dos últimos, en sus respectivos artículos 1.2, establecen que “para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales”, derecho vulnerado en la redacción propuesta para el art. 135 CE que prohíbe dicha libre disposición de los recursos.
En todo caso, a fin de dar mejor cumplimiento a dichos Tratados Internacionales, la Constitución debería ser revisada a los efectos de incluir entre nuestros “Derechos Fundamentales y Libertades Públicas” derechos humanos reconocidos en estos Tratados, ahora relegados a la categoría de principios rectores de la política social y económica, y por lo tanto carentes de carácter vinculante directo y desposeídos de tutela judicial, como el derecho a una vivienda digna, al acceso a la cultura, a la protección de la salud, a un medio ambiente adecuado, a la seguridad social, etc. Reformas mucho más urgentes que la que se está llevando a cabo.

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