Esta semana Bankia pretende expulsar de su vivienda a una nueva familia en Torrejón

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Martes 25 de octubre. 8h. Cercanías RENFE Torrejón o C/ Zeus, 9.

El próximo martes 25 de octubre, la PAH y la Asamblea del 15M de Torrejón tratarán de impedir que una nueva familia de la localidad sea expulsada de su única vivienda. Para ello, organizarán una acción que, de carácter cívico y no violento, comenzará a las 8h ante la vivienda amenazada, que se encuentra en la calle Zeus número 9. Como no es fácil acceder a la zona en transporte público, personas de la asamblea popular se darán cita a la misma hora en la estación de Cercanías con objeto de guiar hasta la casa de Juan Antonio Yepes a las personas vienen de fuera. Este hombre, pequeño empresario actualmente en paro, solo pide un aplazamiento del desalojo para poder negociar un nuevo plan de pagos con su banco, Bankia, y buscar una vivienda de alquiler donde trasladarse con su mujer y su hijo, que tiene 3 años, algo que ha sido rechazado hasta el momento, tanto por el banco como por el juzgado. Y eso que tras recabar la ayuda de familiares y amigos, hace unos días ofreció a la entidad realizar un pago en metálico de 180.000 euros, pero la avaricia de Bankia parece no tener límites, y no contenta con haberse quedado con la casa por el 50% de su valor, exige a Juan Antonio el pago íntegro de la deuda que tiene contraída, que con intereses de demora y costas judiciales se eleva a 300.000 euros.

            Es hora de poner fin a una sangría que no para de crecer. Por ello, la PAH vuelve a exigir una moratoria de desahucios y la regulación inmediata de la dación en pago con carácter retroactivo.

            La PAH-Madrid, que no está dispuesta a que más familias se queden en la calle por no poder afrontar su hipoteca, exige a la Administración que defienda en primer lugar los intereses de los ciudadanos y no de las entidades financieras. Para ello, reclama que cumpla con el artículo 47 de la Constitución Española, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en virtud del cual el Estado está obligado a hacer todo lo posible para impedir los desalojos forzados por motivos económicos. Y en caso de no evitarlos, debe velar para que se cumplan todas las garantías procesales y un realojo digno y adecuado para las familias.

¡Stop Desahucios! ¡Junt*s podemos!

 

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