Una familia con cinco hijos de La Elipa puede quedarse en la calle el 26 de octubre [CANCELADO]

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[CANCELADO] A esta familia le ha podido la presión y han abandonado la vivienda voluntariamente.

Miércoles 26 de octubre. 7h. C/José Barbastre, 15. <m> La Elipa

Día tras día, la crisis sigue cobrándose víctimas inocentes, mientras sus verdaderos responsables no sólo no son perseguidos sino que reciben ayudas millonarias de los bolsillos de todos. Cada jornada, unas 200 familias son expulsadas de su vivienda en España por no poder hacer frente a su hipoteca, lo que las deja en un estado de enorme vulnerabilidad y a un paso de la marginación social. Si no lo impedimos, el próximo 26 de octubre Carmen Mireida, su marido y sus cinco hijos pueden encontrarse en esta dramática situación. Por ello, la PAH, junto a la Asamblea Popular de La Elipa convoca a los ciudadanos y ciudadanas a una nueva acción de paralización de desahucio que comenzará a las 7h frente al portal de la casa amenazada, en el número 15 de la calle José Barbastre (metro La Elipa).

      La familia, que no tiene alternativa habitacional, ha solicitado una vivienda de alquiler social al IVIMA y a los servicios sociales del Ayuntamiento, pero hasta ahora la respuesta ha sido negativa, por lo que el miércoles, si los secretarios judiciales ejecutan su anunciado desahucio, Carmen y sus hijos, que tienen 18, 17, 6, 3 años y el quinto 7 meses, se quedarán, literalmente, en la calle.

La historia de esta familia es la de tantas otras que un día soñaron con tener una vivienda en propiedad, se metieron en una hipoteca cuando disponían de ingresos estables y pagaron religiosamente, mes tras mes, hasta que el trabajo comenzó a faltar y tuvieron que elegir entre abonar la letra o mantener a los hijos. En este caso, eso se produjo en 2009, año en el que la familia deja de pagar al Banco Santander las mensualidades del piso ante la quiebra de su única fuente de ingresos, un restaurante. Si antes era difícil pagar una letra que pasó de 680 euros mensuales a 1.050 euros, tras el cierre del negocio les fue absolutamente imposible. Hoy en día, la familia vive con los 426 euros de una ayuda del INEM y no sólo ha perdido la casa, que fue adquirida por 160.000 euros por el banco de Botín en una subasta que quedó vacía, sino que tiene aún una deuda de 250.200 euros.

El Banco Santander y los jueces, con unas leyes que han sido concebidas para favorecer los intereses de los que más tienen, arrojan a la marginalidad social a una nueva familia. Es hora de poner fin a una sangría que no para de crecer. Por ello, la PAH vuelve a exigir una moratoria de desahucios y la regulación inmediata de la dación en pago con carácter retroactivo.

La PAH-Madrid, que no está dispuesta a que más familias se queden en la calle por no poder afrontar su hipoteca, exige a la Administración que defienda en primer lugar los intereses de los ciudadanos y no de las entidades financieras. Para ello, reclama que cumpla con el artículo 47 de la Constitución Española, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en virtud del cual el Estado está obligado a hacer todo lo posible para impedir los desalojos forzados por motivos económicos. Y en caso de no evitarlos, debe velar para que se cumplan todas las garantías procesales y un realojo digno y adecuado para las familias.

¡Stop Desahucios! ¡Junt*s podemos!

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