Informe de la comisión de legal de Chamberí sobre la supuesta prohibición de manifestaciones

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INFORME SOBRE LA SUPUESTA PROHIBICIÓN DE

MANIFESTACIONES EN LOS ESPACIOS RESERVADOS

PARA ACTOS ELECTORALES DE LAS GENERALES 20-N

1 – INFORMACIÓN BÁSICA DE LA CUESTION:

NO existe la prohibición de la Junta electoral de Madrid (ni norma que la

ampare) de celebración de manifestaciones durante la campaña electoral en la

Puerta del Sol y otros lugares de la capital, entre los que se encuentra la Plaza de

Olavide referida en las noticias.

Solamente se ha podido comprobar que se ha publicado en el Boletín

Oficial de la Comunidad de Madrid del Edicto de la Junta Electoral de Madrid de 8

de octubre de 2011 por el que se da publicidad a la relación de lugares públicos

donde se podrá desarrollar actos electorales gratuitos, pero ello no lleva implícito

la prohibición de manifestarse en dichos lugares cuando no se celebré ningún acto

electoral.

De todos, si existirá tal prohibición por parte de la Junta Electoral o

Ayuntamiento, es más evidente que es ILEGAL E INCONSTITUCIONAL

Es más, la mera reunión que supone una asamblea para tratar sus asuntos

NO es propiamente una manifestación, aunque si una reunión, derecho

fundamental consagrado en la Constitución.

Es IMPORTANTE no olvidar que lo que si está prohibido y penado como

delito son las calumnias, injurias, actos para que la gente no ejerza su derecho al

voto o determinar el voto a alguna persona. También se debe recordar que son

ilegales las manifestaciones durante las Jornadas de Reflexión y de la Votación.

2 – INFORMACIÓN JURIDICA COMPLEMENTARIA:

A -BREVE DESCRIPCIÓN DE LA CUESTIÓN.

Hace unos días salió publicado en algunos medios de comunicación o

noticias (a raíz de la primera información dada por el grupo editorial “El Mundo”

fue el 29 de octubre de 2011 y que fue también recogida por otros medios como “El Pais”) que la Junta electoral de Madrid ha decidido prohibir la celebración de

manifestaciones durante la campaña electoral en la Puerta del Sol y otros lugares

de la capital, entre los que se encuentra la Plaza de Olavide, así como el Sr.

Francisco Granados (Consejero de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid)

ha ratificado dicho hecho y ha instado a la Delegación de Gobierno a que haga

cumplir dicha decisión. Al parecer ello se dedujo de unas supuestas declaraciones

de la portavoz de la Junta Electoral de Zona de Madrid, que dijo que esa reserva

suponía la prohibición de manifestaciones.

La realidad es que toda la noticia tiene su origen en el Edicto de la Junta

Electoral de Zona de 14 MADRID de 8 de octubre de 2011, por el que Don Jesús

María Serrano Sáez, presidente de la Junta Electoral de Zona de Madrid, hace

saber que “Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo

57 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, por medio del

presente se hacen públicos los locales oficiales y lugares públicos que se reservan

para la realización gratuita de los actos de campaña electoral, para que los

representantes de las candidaturas proclamadas puedan solicitar ante este

Órgano Electoral la utilización de locales y lugares públicos que, por municipios, a

continuación se relacionan, y que son competencia de esta Junta Electoral” y que

fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M.) Núm.

242 del MIÉRCOLES 12 DE OCTUBRE DE 2011 (Pág. 45). En dicho edicto habían

unos errores materiales que fueron corregidos por el edicto de 14 de octubre de

2011, publicado en el BOCM de 26 de octubre de 2011 (pág. 95).

Pero en dicho edicto de la Junta Electoral Central (JEC) o en la Ley

Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General (LOREG) NO se establece la

prohibición de realizar manifestaciones en un lugar reservado para actos de

campaña gratuita.

Los artículos 55, 56 y 57 de la LOREG establece la obligación de los

Ayuntamientos de reservar locales oficiales y lugares públicos de uso gratuito

para la celebración de actos de campaña electoral y colocación de carteles, así

como publicar la relación de lugares en el Boletín Oficial de la Provincia, pero los

citados preceptos no van más allá de lo expresado.

Aunque la LOREG tipifica como delito perturbar gravemente el orden en

cualquier acto electoral (157 de la LOREG), no se establece la prohibición o

sanción a manifestarse en un espacio reservado para actos electorales cuando no

se celebren estos actos.Si no existe ninguna disposición (adecuada) donde se establezca

expresamente que la reserva de un lugar público para la celebración de actos de

campaña conlleva la prohibición de manifestarse en ese lugar cuando no se estén

llevando a cabo este tipo de actos, y teniendo en cuenta que las normas y el

ordenamiento jurídico deben interpretarse siempre en el sentido que dote de la

mayor efectividad a los derechos fundamentales (entre los que se encuentra el de

reunión y manifestación), no se puede llevar a la limitación de derechos.

En este sentido debemos recordar que el artículo 21 de la Constitución

reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, así como que “El ejercicio de

este derecho no necesitará autorización previa”.

De este modo la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del

Derecho de Reunión establece en su artículo 3 que “Ninguna reunión estará

sometida al régimen de previa autorización.”

Así mismo el artículo 5 de la citada Ley dispone que los dos supuestos en

que se suspenderá las reuniones y manifestaciones (alteraciones del orden

público o se hiciere uso de uniformes paramilitares), entre los que no se

encuentran ser espacio reservado para acto electoral. Si encajaría en alteración

del orden público impedir el desarrollo de un acto electoral.

En el sentido expuesto la Sentencia 170/2008, de 15 de diciembre de

2008, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en el recurso de amparo

núm. 10471-2006 fundamenta que:

“Además, no basta con que existan dudas sobre si el derecho de reunión

pudiera producir efectos negativos, debiendo presidir toda actuación

limitativa del mismo el principio o criterio de favorecimiento del derecho de

reunión (favor libertatis: SSTC 66/1995, de 8 de abril, FJ 3; 42/2000, de

14 de febrero, FJ 2; 195/2003, de 27 de octubre, FJ 7; 90/2006, de 27 de

marzo, FJ 2; 163/2006, de 22 de mayo, FJ 2; 301/2006, de 23 de octubre,

FJ 2). Así también lo ha entendido el Tribunal Europeo de Derechos

Humanos, “que ha defendido una interpretación estricta de los límites al

derecho de reunión fijados en el art. 11.2 CEDH, de manera que

solamente razones convincentes e imperativas pueden justificar las

restricciones a esa libertad (STEDH caso Sidiropoulos, de 10 de julio de

1998, § 40)” (STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 6).”

Y la propia Junta Electoral Central en el acuerdo de su Sesión de 07/04/2011:

Es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional (Sentencias 136/1999,

170/2008 y 38/2009) que el ejercicio del derecho de manifestación no

desaparece por la existencia de un proceso electoral en marcha. Será la

Junta Electoral Provincial correspondiente la responsable de garantizar, en

el ejercicio de sus atribuciones conferidas por el artículo 54 de la LOREG, y

sin perjuicio de la posibilidad de la Junta Electoral Central de dictar

criterios interpretativos, que el ejercicio del derecho de manifestación no

entorpece la transparencia y objetividad del procedimiento electoral.

Por esta comisión se ha revisado los acuerdos de la Junta Electoral

Central desde mayo del 2011 no apareciendo, s.e.u.o., una decisión semejante a

la aparecida en la prensa (como dato anecdótico si aparece un informe sobre las

manifestaciones de mayo de 2011).

No se ha podido acceder a los acuerdos de la Junta Electoral de la

Provincia de Madrid, aunque se han revisado los Boletines oficiales de la

Comunidad de Madrid de Octubre y 1 de noviembre de 2011 en donde tienen que

publicarse los acuerdos de la Junta electoral de Madrid, no apareciendo un edicto

publicado en el que se exprese la prohibición a manifestarse en los lugares

indicados (únicamente la publicación de los espacios reservados y su fe de

errata).

Tampoco se ha podido encontrar alguna resolución del Ayuntamiento

relativa a la citada prohibición.

Por tanto, o existe alguna otra resolución de la Junta Electoral, del

Ayuntamiento de Madrid, o disposición legal, O NO EXISTE LA PROHIBICIÓN

EXPRESADA EN LA NOTICIA ANTES MENCIONADA.

De todos modos, si existirá tal prohibición por parte de la Junta Electoral o

Ayuntamiento, es más evidente que es ILEGAL (efectos jurídico no previsto en la

LOREG y cuestionamiento de que tenga dicha facultad una Junta) E

INCONSTITUCIONAL (vulneración del art. 19 de la CE), pues de modo alguno la

reserva de espacios públicos justifica la supresión del derecho de reunión y su

variante manifestación durante la campaña electoral, salvo cuando se esté

celebrando un acto electoral.

Es más, la mera reunión que supone una asamblea para tratar sus asuntos NO es propiamente una manifestación, aunque si una reunión, derecho

fundamental consagrado en la Constitución (art. 21 de la CE), que no se puede

restringir.

El derecho de reunión NO se suprime por la existencia de una campaña

electoral, aunque si puede ser ilegal su vertiente manifestación cuando es la

jornada electoral o de reflexión.

En este sentido la antes citada Sentencia del Tribunal Constitucional

170/2008, de 15 de diciembre de 2008, que reza del siguiente modo en unos de

sus apartados

“No cabe duda que las opiniones derivadas de ese intercambio, exposición,

defensa o reivindicación pueden llegar a influir en el ciudadano, pero dicha

situación sólo puede ser contemplada como “una mera sospecha o una

simple posibilidad”. De ahí que sólo cuando se aporten razones fundadas,

en expresión utilizada por el art. 21.2 CE, sobre el carácter electoral de la

manifestación, es decir, cuando su finalidad sea la captación de sufragios

(art. 50.2 LOREG) y ésta no haya sido convocada por partidos,

federaciones, coaliciones o agrupaciones, únicas personas jurídicas que

pueden realizar campaña electoral junto a sus candidatos (art. 50.3

LOREG), podrá desautorizarse la misma con base en dicho motivo. De lo

contrario, como apunta el Fiscal, podríamos llegar al absurdo de que

durante la campaña electoral estuvieran absolutamente prohibidas todas

las manifestaciones.”

Por otro lado, es IMPORTANTE no olvidar que lo que si está expresamente

prohibido durante la campaña electora y penado como delito son las calumnias,

injurias, actos para que la gente no ejerza su derecho al voto o determinar el voto

a alguna persona (Art. 146 a 148 de LOREG). También son ilegales las

manifestaciones en la Jornada de reflexión y de las elecciones.

Por último, queremos reproducir un párrafo de la sentencia del Tribunal

constitucional antes citada:

Debe tenerse presente que el principio del pluralismo político se encuentra

fuertemente vinculado con el derecho de libertad de expresión del que,

como ya hemos puesto de relieve, es manifestación colectiva el derecho de

reunión, siendo éste, al igual que la mencionada libertad, un derecho que

coadyuva a la formación y existencia “de una institución política, que es la opinión pública, indisolublemente ligada con el pluralismo político” (STC

12/1982, de 31 de marzo , FJ 3), de forma tal que se convierte en una

condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes

al funcionamiento de un sistema democrático, como lo son precisamente

los derechos de participación política de los ciudadanos. Como afirmaba la

STC 101/2003, de 2 de junio, “sin comunicación pública libre quedarían

vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra,

reducidas a formas hueras las instituciones representativas y

absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que

enuncia el art. 1.2 CE, que es la base de toda nuestra ordenación jurídicopolítica (por todas STC 6/1981, de 16 de marzo; en el mismo sentido

SSTC 20/1990, de 15 de febrero, y 336/1993, de 15 de noviembre)” (STC

9/2007, de 15 de enero, FJ 4).

B – EDICTO DE LA JUNTA ELECTORAL DE MADRID

1 – Edicto de la Junta Electoral de Zona de 14 MADRID de 8 de

octubre de 2011

Se reproduce solamente el inicio y el final (no se reproduce los lugares)

II. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO

Junta Electoral de Zona de 14 MADRID

EDICTO

Don Jesús María Serrano Sáez, presidente de la Junta Electoral de Zona de

Madrid.

Hago saber: Que dando cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 2 del

artículo 57 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, por

medio del presente se hacen públicos los locales oficiales y lugares

públicos que se reservan para la realización gratuita de los actos de

campaña electoral, para que los representantes de las candidaturas

proclamadas puedan solicitar ante este Órgano Electoral la utilización de

locales y lugares públicos que, por municipios, a continuación se

relacionan, y que son competencia de esta Junta Electoral[…relación de lugares de Madrid y horarios…]

Al amparo de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 57 de la Ley

Orgánica del Régimen Electoral General “el cuarto día posterior a la

proclamación de candidatos, las Juntas de Zona atribuyen los locales y

lugares disponibles, en función de las solicitudes, y cuando varias sean

coincidentes, atendiendo al criterio de igualdad de oportunidades y,

subsidiariamente, a las preferencias de los partidos, federaciones o

coaliciones con mayor número de votos en las últimas elecciones

equivalente en la misma circunscripción. Las Juntas Electorales de Zona

comunicarán al representante de cada candidatura los locales y lugares

asignados”.

Todo lo cual se hace público a los efectos legales correspondientes.

Dado en Madrid, a 8 de octubre de 2011.—La secretaria, María

Luisa Cotorruelo Gómez.—El presidente, Jesús María Serrano Sáez.

(03/34.175/11)

Texto completo

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urlordenpdf&blobheader=appl

ication%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142

661734381&ssbinary=true

C -BREVE RESEÑA NORMATIVA.

1 – Constitución Española:

Artículo 21:

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de

este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y

manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo

podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden

público, con peligro para personas o bienes.2 – Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General

Artículo 53. Período de prohibición de campaña electoral.

No puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de

campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado. La

obtención gratuita de medios proporcionados por las Administraciones

Públicas quedará limitada al periodo estricto de campaña electoral. Las

limitaciones anteriores se establecen sin perjuicio de las actividades

realizadas por los partidos, coaliciones y federaciones en el ejercicio de sus

funciones constitucionalmente reconocidas y, en particular, en el artículo

20 de la Constitución.

No obstante lo anterior, desde la convocatoria de las elecciones hasta el

inicio legal de la campaña, queda prohibida la realización de publicidad o

propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o

inserciones en prensa, radio u otros medios digitales, no pudiendo

justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias

de los partidos, coaliciones o federaciones reconocidas en el apartado

anterior.

Artículo 54.

1. La celebración de actos públicos de campaña electoral se rige por lo

dispuesto en la legislación reguladora del derecho de reunión. Las

atribuciones encomendadas en esta materia a la autoridad gubernativa se

entienden asumidas por las Juntas Electorales Provinciales, sin perjuicio de

la potestad de la Junta Electoral Central de unificación de criterios

interpretativos.

2. Se mantienen, en todo caso, las atribuciones de la autoridad

gubernativa respecto al orden público, y con este fin, las Juntas deben

informar a la indicada autoridad de las reuniones cuya convocatoria les

haya sido comunicada.

3. Los Ayuntamientos deberán reservar locales oficiales y lugares públicos

de uso gratuito para la celebración de actos de campaña electoral.

Artículo 55.1. Los Ayuntamientos tendrán la obligación de reservar lugares especiales

gratuitos para la colocación de carteles y, en su caso, pancartas y carteles

colgados a postes o farolas por el sistema llamado de banderolas. La

propaganda a través de las pancartas y banderolas sólo podrá colocarse en

los lugares reservados como gratuitos por los Ayuntamientos.

2. Aparte de los lugares especiales gratuitos indicados en el apartado

anterior, los partidos, coaliciones, federaciones y las candidaturas sólo

pueden colocar carteles y otras formas de propaganda electoral en los

espacios comerciales autorizados.

3. El gasto de las candidaturas en este tipo de publicidad no podrá

exceder del 20 % del limite de gastos previsto en los artículos 175.2,

193.2 y 227.2, según el proceso electoral de que se trate.

Artículo 56.

1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior los Ayuntamientos,

dentro de los siete días siguientes a la convocatoria, comunicarán los

emplazamientos disponibles para la colocación gratuita de carteles y, en su

caso, pancartas y banderolas a la correspondiente Junta Electoral de Zona.

2. Esta distribuye los lugares mencionados atendiendo al número total de

votos que obtuvo cada partido, federación o coalición en las anteriores

elecciones equivalentes en la misma circunscripción, atribuyéndose según

las preferencias de los partidos, federaciones o coaliciones con mayor

número de votos en las últimas elecciones equivalentes en la misma

circunscripción.

En el caso de las elecciones al Parlamento Europeo, esta distribución se

realiza atendiendo al número total de votos que obtuvo cada partido,

federación o coalición en las anteriores elecciones equivalentes en el

ámbito de la correspondiente Junta Electoral de Zona, atribuyéndose

según las preferencias de los partidos, federaciones o coaliciones con

mayor número de votos en las últimas elecciones equivalentes en el

mencionado ámbito.

3. El segundo día posterior a la proclamación de candidatos la Junta

comunica al representante de cada candidatura los lugares reservados para sus carteles.

Artículo 57.

1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 55 los Ayuntamientos, dentro

de los diez días siguientes al de la convocatoria, comunican a la

correspondiente Junta Electoral de Zona que, a su vez lo pone en

conocimiento de la Junta provincial, los locales oficiales y lugares públicos

que se reservan para la realización gratuita de actos de Campaña

Electoral.

2. Dicha relación ha de contener la especificación de los días y horas en

que cada uno sea utilizable y debe ser publicada en el Boletín Oficial de la

Provincia, dentro de los quince días siguientes a la convocatoria. A partir

de entonces, los representantes de las candidaturas pueden solicitar ante

las Juntas de Zona la utilización de los locales y lugares mencionados.

3. El cuarto día posterior a la proclamación de candidatos, las Juntas de

Zona atribuyen los locales y lugares disponibles, en función de las

solicitudes, y cuando varias sean coincidentes, atendiendo al criterio de

igualdad de oportunidades y, subsidiariamente, a las preferencias de los

partidos, federaciones o coaliciones con mayor número de votos en las

últimas elecciones equivalente en la misma circunscripción. Las Juntas

Electorales de Zona comunicarán al representante de cada candidatura los

locales y lugares asignados.

Artículo 58.

1. Las candidaturas tendrán derecho a realizar publicidad en la prensa

periódica y en las emisoras de radio de titularidad privada sin que los

gastos realizados en esta publicidad puedan superar el 20% del límite de

gasto previsto para los partidos, agrupaciones, coaliciones o federaciones y

las candidaturas en los artículos 175.2, 193.2 y 227.2, según el proceso

electoral de que se trate.

2. Las tarifas para esta publicidad electoral no serán superiores a las

vigentes para la publicidad comercial y no podrá producirse discriminación

alguna entre las candidaturas en cuanto a la inclusión, tarifas y ubicación

de esos espacios de publicidad, en los que deberá constar expresamente

su condición.Artículo 146.

1. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o

multa de doce a veinticuatro meses:

Quienes por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas

de las mismas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector,

o le induzcan a la abstención.

Quienes con violencia o intimidación presionen sobre los electores para

que no usen de su derecho, lo ejerciten contra su voluntad o descubran el

secreto de voto.

Quienes impidan o dificulten injustificadamente la entrada, salida o

permanencia de los electores, candidatos, apoderados, interventores y

notarios en los lugares en los que se realicen actos del procedimiento

electoral.

2. Los funcionarios públicos que usen de sus competencias para algunos

de los fines señalados en este artículo incurrirán en las penas señaladas en

el número anterior y, además, en la inhabilitación especial para empleo o

cargo público de uno a tres años.

Artículo 147. Delito de alteración del orden del acto electoral.

Los que perturben gravemente el orden en cualquier acto electoral o

penetren en los locales donde éstos se celebren portando armas u otros

instrumentos susceptibles de ser usados como tales, serán castigados con

la pena de prisión de tres a doce meses o la multa de seis a veinticuatro

meses.

Artículo 148.

Cuando los delitos de calumnia e injuria se cometan en período de

Campaña Electoral y con motivo u ocasión de ella, las penas privativas de

libertad prevista al efecto en el Código Penal se impondrán en su grado

máximo.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-1985.html3 – Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de

Reunión.

Artículo 3.

1. Ninguna reunión estará sometida al régimen de previa autorización.

Artículo 5.

La autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, procederá a disolver

las reuniones y manifestaciones en los siguientes supuestos:

Cuando se consideren ilícitas de conformidad con las Leyes Penales.

Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para

personas o bienes.

Cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes.

Tales resoluciones se comunicarán previamente a los concurrentes en la

forma legalmente prevista.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo9-1983.html#c1

D – BREVE RESEÑA ADMINISTRATIVA Y JURISPRUDENCIAL

1- Acuerdo de Sesión de la Junta Electoral Central de 07/04/2011

Acuerdo:

Conforme establece el artículo 54.1 de la LOREG, corresponde en período

electoral a las Juntas Electorales Provinciales ejercer las atribuciones

encomendadas a la autoridad gubernativa por la legislación reguladora del

derecho de reunión respecto de la celebración de actos públicos de

campaña electoral.

Es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional (Sentencias 136/1999,

170/2008 y 38/2009) que el ejercicio del derecho de manifestación no desaparece por la existencia de un proceso electoral en marcha. Será la

Junta Electoral Provincial correspondiente la responsable de garantizar, en

el ejercicio de sus atribuciones conferidas por el artículo 54 de la LOREG, y

sin perjuicio de la posibilidad de la Junta Electoral Central de dictar

criterios interpretativos, que el ejercicio del derecho de manifestación no

entorpece la transparencia y objetividad del procedimiento electoral.

http://www.juntaelectoralcentral.es/portal/page/portal/JuntaElectoralCentr

al/JuntaElectoralCentral/DocJEC/Busqueda?_piref53_1181264_53_118125

5_1181255.next_page=/jec/detalleDoctrina&idDoctrina=11153

2- Acuerdo de Sesión de la Junta Electoral Central de 19/05/2011

Objeto: Solicitud de que la Junta Electoral Central establezca un criterio

uniforme, respecto a las diversas concentraciones, reuniones y

manifestaciones promovidas por particulares, en particular en la jornada

de reflexión, atendiendo a la existencia de acuerdos contrapuestos por

parte de las Juntas Electorales Provinciales.

ACUERDO

La Junta Electoral Central, en su reunión del día 19 de mayo de 2011, a la

vista de las consultas efectuadas por la Junta Electoral Provincial de

Salamanca y por el Abogado General del Estado,

CONSIDERANDO

[…]

6º.- Que en los supuestos que son objeto de consulta ante esta Junta, el

ejercicio del derecho fundamental de reunión se ve modulado durante el

desarrollo de la campaña electoral por una serie de disposiciones de rango

legal cuyo propósito es compatibilizar su pleno disfrute con la celebración

de un proceso electoral limpio, transparente, objetivo y en condiciones de

igualdad para todos los que participan en él.

A estos efectos, la LOREG limita temporalmente los actos vinculados con la

campaña electoral en su artículo 53, a la finalización de la misma.La existencia de este límite y de sus correlativas restricciones ha sido

recordada reiteradamente por esta Junta Electoral Central a lo largo de

muchos años y a través de numerosos acuerdos. Por ello, extender el

ejercicio del derecho fundamental de reunión más allá de lo solicitado –en

este punto, literalmente, se hace referencia por los solicitantes a que

“mientras dure la campaña electoral”- resultaría, no sólo incongruente sino

contrario a la propia legalidad vigente.

7º.- En los días de reflexión y votación nuestra legislación electoral

prohíbe realizar acto alguno de propaganda o de campaña electoral

(artículos 53 y 144.1.a) de la LOREG). Asimismo, el día de la votación

prohíbe formar grupos susceptibles de entorpecer, de cualquier manera

que sea, el acceso a los locales electorales, así como la presencia en sus

proximidades de quiénes puedan dificultar o coaccionar el libre ejercicio

del derecho del voto (artículo 93 de la LOREG). Todas estas medidas

legales están destinadas a garantizar el ejercicio con plena libertad del

derecho fundamental de sufragio reconocido en el artículo 23 de la

Constitución, como se declara en reiterada jurisprudencia constitucional.

En el presente caso, esta Junta estima que, con independencia de la

calidad de los sujetos, la petición de emisión de voto a favor de

candidaturas concurrentes a un proceso electoral, así como la invitación a

excluir a cualquiera de esas candidaturas en el ejercicio del derecho de

voto, es un comportamiento no acorde a las previsiones de la LOREG y

que excede del derecho de manifestación garantizado constitucionalmente.

Por todo lo anterior, esta Junta Electoral Central

ACUERDA

Comunicar a todas las Juntas Electorales así como al Abogado General del

Estado que las concentraciones y reuniones a las que se refieren las

consultas elevadas a esta Junta son contrarias a la legislación electoral

desde las cero horas del sábado 21 de mayo hasta las 24 horas del

domingo 22 de mayo de 2011 y en consecuencia no podrán celebrarse.

http://www.juntaelectoralcentral.es/jec/htdocs/web/documentos/AJEC_29

3-200_19-05-2011.pdf3 – Sentencia 170/2008, de 15 de diciembre de 2008, de la Sala

Segunda del Tribunal Constitucional en el recurso de amparo núm.

10471-2006

“3. Antes de entrar a analizar el caso que nos ocupa, conviene recordar la

doctrina consolidada de este Tribunal sobre el contenido y límites del

derecho de reunión (art. 21 CE).

Según tenemos reiterado, el derecho de reunión “es una manifestación

colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación

transitoria, siendo concebido por la doctrina científica como un derecho

individual en cuanto a sus titulares y colectivo en su ejercicio, que opera a

modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o

exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas o

reivindicaciones, constituyendo, por lo tanto, un cauce del principio

democrático participativo, cuyos elementos configuradores son, según la

opinión dominante, el subjetivo -una agrupación de personas-, el temporal

-su duración transitoria-, el finalístico -licitud de la finalidad- y el real u

objetivo -lugar de celebración-” (STC 85/1988, de 28 de abril, FJ 2;

doctrina reiterada en las SSTC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 3;196/2002, de

28 de octubre, FJ 4; 301/2006, de 23 de octubre, FJ 2).”

También se ha enfatizado sobre “el relieve fundamental que este derecho –

cauce del principio democrático participativo- posee, tanto en su

dimensión subjetiva como en la objetiva, en un Estado social y

democrático de Derecho como el proclamado en la Constitución” (STC

301/2006, de 23 de octubre, FJ 2; en el mismo sentido STC 236/2007, de

7 de noviembre, FJ 6). De hecho para muchos grupos sociales “este

derecho es, en la práctica, uno de los pocos medios de los que disponen

para poder expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones” (por todas,

STC 301/2006, de 23 de octubre, FJ 2). En este sentido, tenemos dicho,

reproduciendo jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

que ‘la protección de las opiniones y de la libertad de expresarlas

constituye uno de los objetivos de la libertad de reunión’ (STEDH caso

Stankov, de 2 de octubre de 2001, § 85), o también que ‘la libertad de

expresión constituye uno de los medios principales que permite asegurar

el disfrute efectivo del derecho a la libertad de reunión y de asociación’

(STEDH caso Rekvényi, de 20 de mayo de 1999, § 58)” (STC 195/2003,

de 27 de octubre, FJ 3).Por lo que se refiere a la limitación del derecho de reunión, este Tribunal

Constitucional ha recordado que dicho derecho “no es un derecho absoluto

o ilimitado, sino que, al igual que los demás derechos fundamentales,

tiene límites (SSTC 2/1982, de 29 de enero, FJ 5; 36/1982, de 16 de

junio; 59/1990, de 29 de marzo, FFJJ 5 y 7; 66/1995, de 8 de mayo, FJ 3;

y ATC 103/1982, de 3 de marzo, FJ 1), entre los que se encuentra tanto el

específicamente previsto en el propio art. 21.2 CE -alteración del orden

público con peligro para personas y bienes-, como aquellos otros que

vienen impuestos por la necesidad de evitar que un ejercicio extralimitado

de ese derecho pueda entrar en colisión con otros valores constitucionales’

(FJ 2), lo que también se deduce del art. 10.1 CE” (STC 195/2003, de 27

de octubre, FJ 4). El propio Convenio europeo de derechos humanos

(CEDH), en su art. 11.2, prevé “la posibilidad de adoptar las medidas

restrictivas que ‘previstas en la Ley, sean necesarias, en una sociedad

democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa

del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la

moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos'”, e,

interpretando este precepto, “el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

consideró proporcionada la orden gubernativa de evacuación de una iglesia

ante una reunión pacífica y en sí misma no directamente perturbadora del

orden público y del derecho de culto, en la que, sin embargo, el estado de

salud de los congregados se había degradado y las circunstancias

sanitarias eran muy deficientes (STEDH caso Cisse, de 9 de abril de 2002,

§ 51)” (STC 195/2003, de 27 de octubre, FJ 4).

De ahí que, “en los casos en los que existan ‘razones fundadas’ que lleven

a pensar que los límites antes señalados no van a ser respetados, la

autoridad competente puede exigir que la concentración se lleve a cabo de

forma respetuosa con dichos límites constitucionales, o incluso, si no

existe modo alguno de asegurar que el ejercicio de este derecho los

respete, puede prohibirlo. Ahora bien, para que los poderes públicos

puedan incidir en el derecho de reunión constitucionalmente garantizado,

ya sea restringiéndolo, modificando las circunstancias de su ejercicio, o

prohibiéndolo incluso, es preciso, tal y como acaba de señalarse, que

existan razones fundadas, lo que implica una exigencia de motivación de la

resolución correspondiente (STC 36/1982, de 16 de junio) en la que se

aporten las razones que han llevado a la autoridad gubernativa a concluir

que el ejercicio del derecho fundamental de reunión, tal y como se hubo

proyectado por su promotor o sus promotores, producirá una alteración

del orden público proscrita en el art. 21.2 CE, o bien la desproporcionada perturbación de otros bienes o derechos protegidos por nuestra

Constitución” (STC 195/2003, de 27 de octubre, FJ 4).

Además, no basta con que existan dudas sobre si el derecho de reunión

pudiera producir efectos negativos, debiendo presidir toda actuación

limitativa del mismo el principio o criterio de favorecimiento del derecho de

reunión (favor libertatis: SSTC 66/1995, de 8 de abril, FJ 3; 42/2000, de

14 de febrero, FJ 2; 195/2003, de 27 de octubre, FJ 7; 90/2006, de 27 de

marzo, FJ 2; 163/2006, de 22 de mayo, FJ 2; 301/2006, de 23 de octubre,

FJ 2). Así también lo ha entendido el Tribunal Europeo de Derechos

Humanos, “que ha defendido una interpretación estricta de los límites al

derecho de reunión fijados en el art. 11.2 CEDH, de manera que

solamente razones convincentes e imperativas pueden justificar las

restricciones a esa libertad (STEDH caso Sidiropoulos, de 10 de julio de

1998, § 40)” (STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 6).

4. La aplicación de la citada doctrina y, en concreto, del principio o criterio

de favorecimiento del derecho de reunión, así como la circunstancia de

que, como ha reiterado este Tribunal, resulte insuficiente para justificar la

modulación o prohibición del citado derecho la mera sospecha o la simple

posibilidad de que se produzca la perturbación de otros bienes o derechos

protegidos constitucionalmente (por todas, STC 163/2006, de 22 de mayo,

FJ 2), conduce al otorgamiento del amparo al aquí recurrente por

vulneración del art. 21 CE.

En efecto, hemos declarado que “[e]n rigor, en el ámbito de los procesos

electorales, sólo en casos muy extremos cabrá admitir la posibilidad de

que un mensaje tenga capacidad suficiente para forzar o desviar la

voluntad de los electores, dado el carácter íntimo de la decisión del voto y

los medios legales existentes para garantizar la libertad del sufragio” (STC

136/1999, de 20 de julio, FJ 16). Si esta aseveración se ha realizado en

relación con manifestaciones llevadas a cabo por las propias formaciones

políticas presentes en la contienda electoral, cuanto más cabe afirmarlo de

una agrupación de personas que se reúnen con la finalidad del intercambio

o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas

y reivindicaciones, y no con la intención de la captación de sufragios,

objetivo que, junto a la identificación de los sujetos que pueden realizar la

campaña electoral, definen la misma (art. 50.2 de la Ley Orgánica del

régimen electoral general: LOREG).No cabe duda que las opiniones derivadas de ese intercambio, exposición,

defensa o reivindicación pueden llegar a influir en el ciudadano, pero dicha

situación sólo puede ser contemplada como “una mera sospecha o una

simple posibilidad”. De ahí que sólo cuando se aporten razones fundadas,

en expresión utilizada por el art. 21.2 CE, sobre el carácter electoral de la

manifestación, es decir, cuando su finalidad sea la captación de sufragios

(art. 50.2 LOREG) y ésta no haya sido convocada por partidos,

federaciones, coaliciones o agrupaciones, únicas personas jurídicas que

pueden realizar campaña electoral junto a sus candidatos (art. 50.3

LOREG), podrá desautorizarse la misma con base en dicho motivo. De lo

contrario, como apunta el Fiscal, podríamos llegar al absurdo de que

durante la campaña electoral estuvieran absolutamente prohibidas todas

las manifestaciones.

Debe tenerse presente que el principio del pluralismo político se encuentra

fuertemente vinculado con el derecho de libertad de expresión del que,

como ya hemos puesto de relieve, es manifestación colectiva el derecho de

reunión, siendo éste, al igual que la mencionada libertad, un derecho que

coadyuva a la formación y existencia “de una institución política, que es la

opinión pública, indisolublemente ligada con el pluralismo político” (STC

12/1982, de 31 de marzo , FJ 3), de forma tal que se convierte en una

condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes

al funcionamiento de un sistema democrático, como lo son precisamente

los derechos de participación política de los ciudadanos. Como afirmaba la

STC 101/2003, de 2 de junio, “sin comunicación pública libre quedarían

vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra,

reducidas a formas hueras las instituciones representativas y

absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que

enuncia el art. 1.2 CE, que es la base de toda nuestra ordenación jurídicopolítica (por todas STC 6/1981, de 16 de marzo; en el mismo sentido

SSTC 20/1990, de 15 de febrero, y 336/1993, de 15 de noviembre)” (STC

9/2007, de 15 de enero, FJ 4).

No puede admitirse, por tanto, que la manifestación convocada por el

Colectivo Autónomo de Trabajadores-Mossos d’Esquadra (CAT-ME) se

prohíba por su “posible” incidencia en el proceso electoral. Y ello no sólo

por las dudas que hace explícitas la propia Junta Electoral Provincial de

Barcelona en su acuerdo, al utilizar la expresión “al poder tenir incidència

sobre el procés electoral”, sino porque en sí es dudoso que tenga

capacidad suficiente para influir en las decisiones de los electores. Pues bien en tales circunstancias, debe favorecerse el ejercicio del derecho de

reunión aún en detrimento de otros derechos, en especial los de

participación política, no sólo por significarse como un derecho esencial en

la conformación de la opinión pública, sino por la necesidad de su previo

ejercicio para una configuración de la misma libre y sólida, base

indispensable para el ejercicio de los mencionados derechos. Por este

motivo, el ejercicio del derecho de reunión, del que el derecho de

manifestación resulta una vertiente, debe prevalecer, salvo que resulte

suficientemente acreditado por la Administración y, en su caso, por los

Tribunales, que la finalidad principal de la convocatoria es la captación de

sufragios.

De lo expuesto se deduce que no puede tenerse en consideración el

argumento esgrimido por el Abogado de la Generalitat sobre la

proporcionalidad de la medida que atribuye a la brevísima limitación

temporal del derecho de los manifestantes a reserva de que podía ser

ejercido a la finalización de la campaña electoral, ni tampoco la alegación

sobre que se solicitara la autorización de la convocatoria sin cumplir el

plazo legal, ya que lo cierto es que la Administración desautorizó y el

órgano judicial ratificó la prohibición de la manifestación, en virtud del

motivo ya expuesto y no por su extemporaneidad.

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.

aspx?cod=9598

Comisión Legal de Chamberí

30 de octubre de 2011

http://chamberi.tomalosbarrios.net/

legal@asamblechamberi.net

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