C A R TA P O R L A D E M O C R A C I A

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C A R TA P O R L A D E M O C R A C I A

Esto es un documento para el debate hacia un movimiento ciudadano por la democracia
impulsado por enRed (www.enRed.cc). Es un borrador abierto a la participación: envía,
si quieres, comentarios o propuestas sobre el texto a laCarta@enRed.cc.
8 páginas, tiempo estimado de lectura: 17 minutos. Versión 1.0, de junio de 2013.


sta Carta nace de un profundo malestar: ausencia de futuro, desempleo masivo, recortes en
derechos y prestaciones, desahucios, corrupción política y financiera, desmantelamiento de los
servicios públicos… Su redacción es el resultado de la creciente falta de confianza de una mayoría de la
sociedad respecto a las promesas de un sistema político carente de legitimidad y de capacidad de
escucha.
E
El bipartidismo, la corrupción generalizada y la dictadura financiera impuesta por medio de las
políticas de austeridad y la destrucción de los bienes públicos, han asestado el golpe definitivo a una
democracia que ya venía padeciendo sus propios límites. Unos límites que se encuentran ya en la
Constitución de 1978, y que se pueden sintetizar en un marco político que no protege a la sociedad de
la concentración del poder en los grupos financieros ni de la consolidación de una clase política no
representativa. Dicho marco político ha instaurado un sistema poco abierto a la participación ciudadana,
como evidencia el hecho de que a pesar de las importantes movilizaciones que se han sucedido, las
exigencias sostenidas por la inmensa mayoría de la población han sido reiteradamente desoídas.
Ante este bloqueo institucional, ante la creciente separación entre gobernantes y gobernados,
parece pues que solo cabe una salida: una profunda ampliación de la democracia basada en el control
ciudadano sobre el poder político y económico. Ciertamente, en la medida en que lo que queda de
democracia es cada vez menor y que los intentos de reforma interna sólo pueden acabar en la repetición
de los mismos vicios, es necesario apostar por un cambio de las reglas del juego. Un cambio democrático
orientado a devolver a la sociedad la capacidad efectiva de decisión sobre todo aquello que le concierne.
Las alternativas a la democracia actual no son el caos o la dictadura. Es posible una democracia
hecha entre todas las personas, una democracia no reducida a la mera participación electoral, una
democracia fundada en la participación, el control ciudadano y la igualdad de derechos.
Esta Carta nace con el deseo de contribuir a este proceso de democratización. Y en este sentido lo
hace desde la alegría, desde la potencia de la movilización ciudadana, desde la política que se vive fuera
de los partidos políticos, la que habla en primera persona del plural y trata de construir, para todo el
mundo, una vida que merezca la pena ser vivida. Sin duda su presupuesto es el de la misma democracia:
la gente, las personas, tienen capacidad para inventar otras formas de gobernarse a sí mismas y vivir en
común. Este texto nace con la certeza de que las luchas de hoy son la base de la democracia que está por
llegar.
En tanto propuesta por la democratización, esta Carta se presenta como un texto inacabado,
abierto a su construcción permanente y a la participación de cualquiera. Se presenta como parte de la
constitución de un nuevo contrato social, de un proceso de refundación democrática en el que los
ciudadanos, los cualquiera, seamos los verdaderos protagonistas.
Es el momento de una profundización democrática, para la apertura de un nuevo proceso de
reordenación política y económica dirigido a garantizar la vida y la dignidad.
Es el momento de la apropiación de las instituciones y los recursos públicos por parte de la ciudadanía,
a fin de garantizar su defensa, su control y su justa distribución.
De las plazas y las redes hemos aprendido algo simple y definitivo, que cambia para siempre nuestra
forma de estar en el mundo.
Hemos aprendido que sí se puede.
Carta por la Democracia v.1.0
D E R E C H O S Y G A R A N T Í A S
Una democracia digna de tal nombre exige el reconocimiento universal de una amplia
constelación de derechos relativos a todos los ámbitos de la vida pública y de la reproducción
social. En las últimas décadas, el retroceso en el acceso a las prestaciones y los servicios sociales,
el expolio operado por la dictadura financiera y el desmantelamiento de los sistemas públicos
impulsado por las políticas de austeridad, han acabado por mermar sensiblemente las
posibilidades de ejercicio efectivo de dichos derechos.
Del mismo modo, el acceso a muchos de estos derechos está condicionado por la nacionalidad
y por la tenencia de un empleo, lo cual ha terminado por generar una importante exclusión. Por
otro lado, el carácter subordinado de los derechos sociales en la actual Constitución no ha
permitido un desarrollo suficiente en algunas cuestiones fundamentales como la vivienda, el
empleo o la renta.
Así, tanto los límites propios del ordenamiento actual como la impotencia del régimen político
español en la protección de los derechos más elementales, son motivo suficiente para la creación
de un nuevo sistema institucional de derechos y garantías que permitan el cuidado, el desarrollo
de nuestras vidas y el acceso a la vida política.
Esta Carta propone unas bases comunes para la definición de ese nuevo sistema de derechos. Tales
derechos surgen hoy de las demandas y luchas de la propia sociedad, a través de sus múltiples formas de
organización y participación, y son la mejor expresión del ejercicio de la democracia.
Por otra parte, los derechos incluidos en este nuevo sistema han de ser comprendidos según un
alcance colectivo y social, es decir, que son inherentes a la concepción del ser humano como sujeto
autónomo pero en profunda relación de interdependencia con el espacio común que habita. En esta
medida, se oponen a la concepción de los mismos como una mera atribución individual.
De acuerdo con estas intenciones, los principios que inspirarán una nueva Carta de derechos son:
• Universalidad. Todas las personas residentes tendrán la misma consideración y acceso a los
recursos para el ejercicio efectivo de sus derechos.
• Equidad y diversidad. La universalidad no tiene el mismo valor ni exige los mismos recursos
para todos los colectivos sociales y esto implica el reconocimiento de una serie de derechos
dirigidos a aquellos grupos que requieren de necesidades específicas (ancianos, niños, minorías
culturales, étnicas, etc.). También se reconocerán los derechos relativos a las particularidades de
los distintos sujetos que tienen que poder decidir sobre los mismos, como es el caso de los
derechos de las mujeres.
• No regresividad. Los poderes públicos no podrán, una vez reconocidos estos derechos,
interpretarlos de manera restrictiva ni disminuirlos.
• Igualdad jerárquica. Dado que todos los derechos —sean civiles, políticos o sociales— se
consideran fundamentales para el desarrollo de la vida de las personas, la relación entre todos
ellos ha de entenderse en términos de igualdad jerárquica, estando por tanto protegidos con un
mismo nivel de garantías constitucionales y jurídicas.
• Garantía democrática y multi-institucional. Los derechos no solo deberán ser garantizados por
vía jurisdiccional sino también a través de la participación ciudadana y organismos
extrainstitucionales constituidos por los propios titulares de los derechos. Se ha de admitir
explícitamente la participación social en el reconocimiento, ampliación y garantía de los
derechos por medio de instituciones de elección directa y de procedimientos de intervención
ciudadana.
Carta por la Democracia v.1.0

• Suficiencia financiera. El desarrollo de estos derechos deberá garantizarse con los medios
económicos que resulten necesarios. Estos medios serán provistos por las medidas de reforma
fiscal que se establecen en los siguientes apartados de esta Carta.
Los derechos mínimos que exige un proceso real de democratización deberán atender también a los
siguientes objetivos:
• La garantía de unas condiciones de posibilidad de una existencia digna. Derecho a la vida, al
cuidado, a la salud, a la vivienda, a la dignidad, a decidir sobre el cuerpo y la sexualidad, a la
libertad y a la seguridad jurídica, entre otros.
• El desarrollo libre y creativo de la persona y de la comunidad. Derecho a la educación, a la
cultura, a la creación y libre difusión del conocimiento, a la libertad de expresión, a un entorno
sostenible, a la libertad ideológica y religiosa y al trabajo digno.
• El acceso a una vida política activa y democrática. Derecho de reunión, organización,
asociación o huelga, pero también aquellos que se derivan de una comprensión amplia de la
política en tanto construcción permanente de la vida en común. Se reconocerá de este modo el
derecho a la participación de forma colectiva y directa, es decir, el derecho fundamental a
decidir sobre aquello que afecte de forma significativa a la comunidad social y política.
Finalmente, se entiende que el sujeto de derechos también lo es de responsabilidades en la medida
en que forma parte de una comunidad que se conforma en torno a un proyecto común. Estas
responsabilidades se extienden al medio que habitamos, lo que incluye la responsabilidad de cuidarlo,
protegerlo y ayudar a su propia reproducción, que es la nuestra. Tal responsabilidad implica a toda la
ciudadanía pero se distribuye de acuerdo con las diferencias de riqueza y capacidad.
D E M O C R A C I A P O L Í T I C A
La crisis ha evidenciado que las decisiones de la clase política están cada vez más sujetas a los
dictados financieros y, por lo tanto, que el gobierno democrático está condicionado por intereses
privados. Esta situación ha repercutido en una importante crisis de legitimidad y de
representación acrecentada por un estado de corrupción continua que pone de manifiesto el grave
déficit de control democrático existente.
En cualquier caso, los límites del sistema político no son recientes. Al contrario, se puede decir
que estos son estructurales y que hunden sus raíces en la Constitución de 1978 así como en sus
desarrollos legislativos posteriores. Estos problemas se pueden resumir en: bipartidismo,
gobiernos monocolor en buena parte de las comunidades autónomas, dificultades para crear
nuevas opciones políticas, monopolios mediáticos y, especialmente, las enormes dificultades legales
para reformar una Constitución que, por otra parte, no ha sido refrendada por la mayor parte
de la población actual.
A esto se une que los partidos políticos, principales actores de la vida política, se han
convertido en una clase con intereses propios, orientados principalmente a su propia
reproducción. De forma paralela, los frenos institucionales a la participación directa dificultan la
imaginación y la constitución de un marco político fundado en la intervención directa de la gente
corriente en los asuntos públicos.
La debilidad de la actual democracia se manifiesta en la desatención a las demandas de los
diferentes sectores de la sociedad, lo que contribuye a aumentar la distancia entre lo que las
personas dicen necesitar y las políticas legisladas. Esta creciente separación entre gobernantes y
Carta por la Democracia v.1.0
gobernados redunda en el déficit democrático de un sistema que ha primado la gobernabilidad
sobre la representatividad y el respeto a las minorías.
Los límites del actual sistema democrático no pueden resolverse desde el mismo lugar de donde
surgen. Resulta pues necesario promover su refundación a fin de instituir una verdadera
democracia.
La presente Carta apuesta por una forma de democracia capaz de devolver el poder de decisión a la
población sobre los aspectos fundamentales de la vida. Una democracia basada en participación en la
vida social y política, que permita decidir en común cómo queremos vivir. Es, pues, una apuesta por un
nuevo acuerdo político construido de forma abierta y con la participación activa de la ciudadanía. Un
nuevo acuerdo basado en el reconocimiento de la capacidad de la sociedad para organizarse, crear
instituciones y gobernarse.
La construcción de la democracia implica establecer una serie de mecanismos ágiles, eficaces y
transparentes articulados en distintos niveles y dirigidos a profundizar en la participación directa o en la
delegación vía representación, según se considere conveniente.
Algunas de las acciones que podrían dar forma al nuevo ordenamiento político democrático son:
1. Democratización de los poderes públicos: limitación y control de las estructuras de representación
• Control de la representación. Mandatos revocables por una mayoría social y transparencia
absoluta tanto en las actuaciones de los distintos órganos de gobierno como en las cuentas
públicas. Endurecimiento de los controles y delitos relativos a la corrupción y desarrollo de
órganos de control independientes con competencias sobre las diferentes instituciones públicas.
Límites económicos y temporales a los cargos políticos: límites salariales, un régimen de
incompatibilidad antes, durante y después del cargo y límites efectivos en la duración del
mandato.
• Democratización del funcionamiento interno de los partidos. Transparencia y autonomía en la
financiación de los partidos, estatutos internos claramente democráticos, y autonomía de voto
de los representantes para garantizar el pluralismo interno en las organizaciones.
• Reforma del sistema de representación electoral. Eliminación de la prerrogativa por parte de
los partidos de la presentación de representantes, modificación del sistema de listas, eliminación
del cupo mínimo de proporcionalidad, mecanismos de reconocimiento y respeto de las
minorías así como de equilibrio entre los diferentes territorios.
2. Reconocimiento y extensión de las formas de participación y democracia directa
• Reconocimiento y ampliación de los instrumentos de democracia directa, como son las
iniciativas legislativas populares, el referéndum o las herramientas virtuales de participación.
• Reconocimiento de instrumentos de control ciudadano sobre todos los ámbitos de los
principales poderes del Estado, así como sobre las cuentas públicas. El reconocimiento de tales
instrumentos requiere de leyes de transparencia y el desarrollo de mecanismos ágiles de
audiencia pública. Reconocimiento de otras organizaciones sociales como organismos de
control y representación política.
• Mayor deliberación colectiva. Se promoverá el desarrollo de metodologías, tanto virtuales como
analógicas, de deliberación democrática, que favorezcan la toma de decisiones compartida.
• Extensión de los órganos de participación directa en todos los ámbitos administrativos y de
gestión de los bienes públicos y comunes como puedan ser los consejos escolares, los consejos
de salud, los consejos laborales así como los consejos locales, regionales e interregionales.
Carta por la Democracia v.1.0
3. Reconocimiento del poder constituyente popular como fuente última de la Constitución y de los
poderes del Estado
• Se promoverá un modelo de constitucionalismo abierto que permita la reforma desde abajo de
las normas constitucionales, que impida los previsibles blindajes constitucionales, que posibilite
la iniciativa de reforma a la ciudadanía y que fomente la deliberación permanente.
D E M O C R A C I A E C O N Ó M I C A
No se puede concebir una sociedad democrática sin la garantía del sustento material necesario
para el desarrollo de una vida digna y políticamente activa. No se puede concebir una sociedad
democrática sin una distribución igualitaria de la riqueza.
Las disparadas cifras de paro, la precariedad mayoritaria, la espiral de desahucios, la
esclavitud por deudas a la que se condena a una gran parte de la población, la privatización de
los servicios públicos, la enorme concentración de la riqueza o la subordinación de las economías
públicas a los intereses bancarios, apuntan en la dirección contraria: desigualdad y
subordinación económica de los muchos (el 99%) a unos pocos (el 1%).
La actual democracia, así como las garantías constitucionales en las que se sustenta, han sido
por completo ineficaces a la hora evitar esta situación. Ninguno de los mecanismos recogidos en
la Constitución de 1978 —derechos sociales, derechos laborales, iniciativa pública en el ámbito
económico o la subordinación de la riqueza al interés social, entre otros— han sido capaces de
proteger a la sociedad de los intereses económicos y financieros. Las políticas neoliberales han
acabado por imponerse por encima de cualquier otro criterio, incluido el bien común. Ahora, en
plena crisis, es cuando esta situación de expolio más se hace patente.
Esta Carta se propone recuperar los recursos sociales privatizados y concentrados en pocas manos con
el fin de ponerlos a disposición de un proceso democrático real. Nunca antes ha existido tanta riqueza,
pero pocas veces ésta se ha repartido tan mal y con criterios tan antidemocráticos e injustos. Es por ello
que se requiere una completa reconsideración de las funciones de las políticas económicas, a fin de
implantar el principio de bienestar de las poblaciones por encima del beneficio privado, financiero y
corporativo.
Con el objetivo de promover la democracia económica, esta Carta considera cinco pilares básicos:
1. Democracia financiera
La riqueza financiera será considerada como un recurso común, sobre el que la ciudadanía ha de
tener la capacidad y posibilidad de intervenir. «Quien regula es la población no el mercado», tal es la
máxima que inspira este punto. Para ello, se establecerán procedimientos de decisión democrática sobre
la deuda contraída durante los años pasados, así como sobre los activos financieros e inmobiliarios en
manos públicas derivados de la reestructuración de los mercados financieros y del sector bancario. A
este fin se proponen las siguientes medidas:
• Auditoría Ciudadana de la Deuda. Esta propuesta permite discernir entre aquellas deudas
legítimas y aquellas que no lo son, ya que el rechazo de cualquier forma de deuda es tan
imprudente como la afirmación de que toda deuda ha de ser pagada. Esta Auditoría se
articulará como un proceso social de pedagogía democrática y financiera por el que la
ciudadanía pueda adquirir mayor capacidad de decisión y control sobre la economía financiera.
• Creación de instituciones de utilidad pública, formadas con los activos financieros e
inmobiliarios resultantes de las sucesivas reestructuraciones. Estas instituciones, bajo estricto
control democrático, servirán a la promoción de la igualdad económica y del desarrollo social.
Carta por la Democracia v.1.0
2. Reforma fiscal
El objetivo de la reforma consistirá en promover una amplia redistribución de cargas y beneficios a
fin de que a la igualdad formal le corresponda una igualdad material y real garantizada por el acceso a
los bienes públicos y comunes.
• Principales propuestas: la restauración de los principios de proporcionalidad y progresividad
tanto para las rentas del trabajo como para los beneficios empresariales; la aplicación de nuevas
tasas a la circulación financiera y de los tipos más altos a las rentas de capital; la disminución de
los impuestos indirectos y al consumo y la persecución del fraude fiscal.
• La reforma fiscal vendrá acompañada de la imposición de criterios de igualdad y equiparación
fiscal, así como de solidaridad territorial, entre las distintas regiones y países del Estado español
y de la Unión Europea, a fin de responder tanto a las desigualdades que produce la fuerte
interdependencia económica entre los mismos, como al requerimiento democrático de reparto
de la riqueza.
3. Bienes públicos-comunes
Los procesos privatizadores han demostrado que las Administraciones Públicas no han protegido
los recursos públicos frente a los intentos de apropiación por parte de intereses privados. La
recuperación social de estos bienes así como la democratización de su gestión deberá garantizar el
acceso a los mismos por parte del conjunto de la población.
• Tendrán el estatuto de público-común todos aquellos bienes e infraestructuras de interés
general necesarios para la reproducción de la vida, la participación política y el normal
funcionamiento de la economía. Así, son bienes público-comunes la educación, la sanidad, los
principales bienes naturales (agua, atmósfera, suelo, mares, costas, ríos y riberas, bosques y
espacios naturales de importancia ecológica y estética), la seguridad, la justicia, los caminos y
carreteras, etc.
• Tales bienes no podrán ser alienados o vendidos por las Administraciones Públicas. Su
propiedad es pública-común y por lo tanto pertenece al conjunto de las personas residentes en
el Estado español, siendo el Estado y las instancias de administración de los mismos meros
mandatarios del cuerpo social.
• Los bienes público-comunes serán administrados de forma democrática, siendo regulados y
regidos tanto por mecanismos de participación ciudadana como por las comunidades expertas
que se requieran para cada caso.
4. Democracia laboral y de empresa
Es necesario introducir la participación de los trabajadores en la toma de decisiones en el ámbito
empresarial, especialmente cuando esto pueda considerarse crucial para el interés común. Asimismo, su
actividad económica tenderá a estar subordinada a criterios de rentabilidad integral, es decir, social,
medioambiental y económica.
• Las empresas deberán organizarse cada vez más sobre los siguientes principios: equidad,
respeto al medio ambiente, transparencia y desarrollo sostenible.
• Serán recogidos los principios fundamentales del derecho laboral: el derecho a realizar una
prestación de forma libre o a cambio de una contraprestación justa, la protección del trabajador
en situación de dependencia, el derecho al descanso y la jubilación así como el derecho a la
autonomía y a la vida digna con independencia del trabajo asalariado.
• Igualmente serán reconocidas de forma positiva la dimensión cooperativa que implica todo
trabajo como fuente de riqueza social y la dimensión productiva del trabajo no asalariado y no
reconocido en términos monetarios pero que sin embargo resulta crucial para la reproducción
social.
Carta por la Democracia v.1.0
5. Renta Básica Universal
La Renta Básica Universal reconoce el carácter productivo de toda la vida social y de todo el
trabajo no monetarizado que resulta imprescindible para la reproducción. Su presunción de partida es
que ninguna producción es posible sin la gigantesca red de vínculos sociales, interacciones (económicas
o no) y cuidados que nos reproduce como sociedad. Esta renta garantiza unos mínimos de subsistencia
por el hecho de ser persona, facilita la búsqueda plural de proyectos de felicidad y es en sí una
condición necesaria para la igualdad de oportunidades, y por ende para la democracia.
• Toda persona residente en el Estado español tendrá derecho a una renta básica. La Renta
Básica Universal es el derecho ciudadano a una renta monetaria incondicional, no pagada en
virtud de ninguna actividad en particular sino por el mero hecho de vivir en sociedad.
• Los recursos necesarios para financiar la Renta Básica serán obtenidos por medio de la reforma
fiscal propuesta en esta Carta. La implantación de la Renta Básica no sustituirá la prestación de
otros servicios sociales ni supondrá límite alguno al acceso a los derechos soportados por
determinados bienes público-comunes como la salud o la educación.
D E M O C R A C I A T E R R I T O R I A L
La actual crisis económica y financiera ha puesto en evidencia la debilidad de la democracia a
todas las escalas, así como la fragilidad de los mecanismos de reparto de la riqueza territorial.
Los dictados del gobierno financiero a través de políticas de austeridad han establecido una
particular geografía de la desigualdad, precipitando a algunos países y regiones al abismo
económico y social.
El resultado es la importante fractura territorial que se está abriendo tanto a escala europea
como en el Estado español. En Europa, la ausencia de mecanismos democráticos de intervención
y la crisis de la deuda soberana, está llevando a una fisura cada vez mayor entre un centro
protegido y una periferia cada vez más empobrecida. En el Estado español, el fuerte
endeudamiento de los municipios y de las comunidades autónomas está provocando el
desmantelamiento de los sistemas de protección social, así como la venta de gran cantidad de
bienes públicos.
En ambos casos, se observa una creciente pérdida de la solidaridad territorial y de la
legitimidad de las instituciones de gobierno. Esto amenaza con un colapso que sólo podrá ser
abordado mediante una completare ordenación institucional basada en la democracia y la
corresponsabilidad territorial.
Esta Carta propone a discusión un nuevo acuerdo territorial a todas las escalas basado en un modelo
radicalmente democrático. Parte del presupuesto de que las decisiones y la gestión de los recursos y
servicios se deben desarrollar en el nivel mínimo de unidad territorial y de que las formas de reparto de
la riqueza han de estar centralizadas para garantizar la equidad entre los territorios. De esta forma se
pretende minimizar las desigualdades entre los mismos, compensando las desigualdades que generan los
modelos de competencia territorial. Tal modelo se puede resumir en los siguientes principios:
• Libre asociación. La mayoría de las personas residentes de un territorio que así lo consideren
tendrán la capacidad de decidir su pertenencia o no a la unión política que convenga.
• Corresponsabilidad. La pertenencia a la asociación común implica la aceptación de unas
normas y constituciones comunes, así como la aceptación de la igualdad de toda unidad
territorial del mismo rango y el establecimiento de mecanismos de reparto de la riqueza.
Carta por la Democracia v.1.0
• Subsidiariedad. La gestión de los recursos y servicios así como la decisión sobre los asuntos de
interés público deberá ser reducida a la unidad mínima territorial en la que ésta resulte más
accesible para las personas residentes a los que compete tal gestión o decisión. Todos aquellos
servicios que puedan ser prestados mejor a las escalas territoriales más bajas serán
administrados por estas.
• Autonomía financiera. Cada unidad territorial deberá disponer de un presupuesto adecuado
para la prestación de los servicios que le competen. Este presupuesto no solo deberá estar
garantizado por sus recursos propios sino también por los mecanismos de compensación
territorial que se establezcan en las distintas escalas territoriales.
La relación entre los diferentes niveles territoriales (municipios, comunidades autónomas,
estados y Unión Europea) se articulará según los siguientes objetivos:
1. Profundización de la democracia política
• Recuperación y desarrollo de las áreas de decisión y participación a todas las escalas, partiendo
de las formulas ya mencionadas: democratización de los poderes públicos y extensión de las
formas de participación ciudadana y democracia directa.
2. Corresponsabilidad y solidaridad
• Las formas de unión política que resulten de estos procesos de democratización tomarán como
objetivo el rechazo de las actuales formas de competencia territorial así como la redistribución
de la riqueza en todas las escalas.
• Municipios. La financiación y los presupuestos además de estar sometidos a estrictos controles
ciudadanos, serán garantizados por los mecanismos distributivos establecidos en las escalas más
altas (región, Estado y Unión Europea), a fin de que dejen de depender de las rentas de suelo e
inmobiliarias.
• Estado, comunidades autónomas y regiones. Será aceptado el principio de igualdad fiscal, la
existencia de un presupuesto conjunto, la delegación en los niveles superiores de la gestión de
aquellos servicios que no convenga descentralizar y, especialmente, la redistribución de la
riqueza según métodos equitativos de reparto territorial.
• Unión Europea. Se establecerá una verdadera unión fiscal, presupuestaria y bancaria con el
propósito de tender hacia una eliminación real de las crecientes desigualdades económicas y
sociales entre los países y hacia el control de los poderes financieros.
3. Refundación democrática de las uniones territoriales
• El proceso constituyente, es decir el proceso de refundación democrática, se propone no solo a
nivel del Estado español sino también para el resto de las escalas territoriales.
• Cada una de las actuales autonomías y otras agrupaciones territoriales, si así lo quieren las
personas residentes, podrán decidir la pertenencia o no a la Unión que surgiera del proceso
constituyente.
• En el ámbito europeo, una nueva constitución deberá garantizar todos los derechos
fundamentales en cada una de las partes de la Unión, las posibilidades de participación política,
las condiciones de reparto y distribución de la riqueza y una estructura política plenamente
democrática.

Una respuesta a “C A R TA P O R L A D E M O C R A C I A

  1. Eduardo Tolosana Villegas

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