Kike

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Los hechos que desencadenaron mi identificación por parte de los antidisturbios y la posterior sanción administrativa de 300 euros tuvieron lugar el día 1 de febrero de 2012. Ese día tuvo lugar una acción convocada bajo el lema, “Yo no pago” en la cual se denunciaba pacíficamente, mediante una demostración de desobediencia civil y simbólica, el rechazo el incremento abusivo de los precios del transporte público. Yo personalmente no participé en la acción, sin embargo podría haber estado como en muchas otras lo he hecho. Ese día coincidí en la calle Montera con un grupo de manifestantes que se encontraban acorralados por los agentes de la UIP, había mucha prensa y se estaba deteniendo a gente. En un momento dado comenzó una carga sin motivo alguno y se dieron escenas de violencia por parte de la policía contra manifestantes indefensos. Yo, presenciando la escena, propia de otro tipo de régimen muy diferente al democrático, grité a los agentes que golpeaban indiscriminadamente que estaban siendo grabados por la prensa. Ese fue mi delito: recordarles las reglas democráticas de libertad de prensa y libertad de reunión. Ese fue el motivo por el que dos policías me llevaron con un grupo de personas retenidas (posteriormente serían llevadas a comisaría) y me tomaron los datos para, 6 días más tarde (19 en recibirla), multarme.

Proceso administrativo

El día 20 de febrero de 2012, recibo en mi domicilio una carta de Delegación de Gobierno por la cuál se me comunica que se abre un proceso administrativo sancionador por “Desobedecer los mandatos de la autoridad o de sus agentes (…)”. El importe propuesto para esta supuesta infracción administrativa LEVE es de 300 euros. Ejercitando mi derecho de audiencia antes de los 15 días posteriores a la recepción del escrito hago saber a la Delegación de Gobierno mi total disconformidad, así como la falsedad de lo expuesto. La respuesta en forma de denegación de mis alegaciones me es notificada el día 17 de abril de 2012. El plazo para alegaciones vuelve a ser de 15 días, sin embargo, la posibilidad de recurrir va supeditada a la recopilación de toda una serie de pruebas que demuestren mi argumentación pues es la palabra de la policía la que prevalece. Por la situación personal y laboral en dicho momento, y pese al intento de recopilación de dicha información, no me es posible entregar en plazo dichas alegaciones. La recepción de la resolución me es notificada el día 18 de junio, imponiéndoseme una multa de 300 euros.

Documentación

La documentación presentada es la siguiente:

Notificación del 7/2/2012 recibida el 20/2/2012

Alegación del 8/3/2012

Notificación del 17/4/2012

Notificación (resolución) del 18/6/2012

Puedes descargar esta información aquí

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